La UE pide a Francia que pruebe que las expulsiones son legales
BRUSELAS (Reuters) - La Comisión Europea ha pedido a Francia que demuestra que la expulsión de gitanos inmigrantes cumple las normas de la UE, sumándose al debate sobre el equilibrio entre las políticas nacionales en el bloque y la protección de los derechos de los grupos marginados.
En un informe preliminar esta semana, tres de los 27 comisarios de la Comisión cuestionaron si Francia estaba cumpliendo los requisitos legales de la UE cuando manda a los inmigrantes gitanos de vuelta a Rumanía y Bulgaria. Pero el informe no ha llegado a emitir un juicio por ahora.
En el último mes, Francia ha expulsado a 1.000 gitanos de campamentos ilegales de todo el país, elevando la cifra anual total a casi 9.000, en un momento en el que el presidente Nicolas Sarkozy persigue medidas drásticas en cuanto a seguridad mientras su popularidad decrece.
Las expulsiones han dejado a la Comisión Europea en un dilema ya que se debate entre la necesidad de dar a los miembros espacio para actuar y la obligación de asegurar que se cumplen las políticas del bloque respecto a la protección de las minorías y el libre movimiento de personas.
"La Comisión busca información detallada de las autoridades francesas sobre si se han aplicado, y hasta qué punto, las salvaguardas exigidas en los casos recientes", según el texto, al que Reuters tuvo acceso.
Los expertos de la UE dicen que la legalidad de las expulsiones estriba en las condiciones en las que se están llevando a cabo las repatriaciones más que en el hecho de repatriarlos, aunque Francia tendrá que mostrar probablemente que sus medidas contra el delito no van sólo contra los gitanos.
Como ciudadanos de la UE, los gitanos pueden vivir en cualquier país del bloque durante tres meses. Para quedarse más, han de trabajar y contribuir a la Seguridad Social. Sin embargo, muchos de los aproximadamente 10 millones de gitanos que hay en Europa no trabajan dentro de la economía formal.
SEÑALES DE ADVERTENCIA
Las expulsiones han generado numerosas críticas de los grupos de defensa de los derechos humanos, la Iglesia católica y varios ministros del Gobierno de Sarkozy, mientras que muchos han denunciado la relación que se está haciendo entre la principal minoría étnica en Europa y el delito. Continuación...
